La mina Lulú, que en realidad es la primera "cueva" que documentamos por la muerte de los compañeros Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres el 6 de agosto de 2009. Un cañón ciego -sin salida de emergencia-; sin separadores en los arcos y con condiciones laborales de esclavitud. El dueño es el empresario Kamar Apud, también dueño del Periódico La Voz y reconocido por el PRI de Monclova con la medalla "Luis Donaldo Colosio".
Entramos de noche el 7 de agosto. Había una luna llena increíble que en la tragedia nos produjo una sensación maravillosa al ir saliendo de una cueva. La muerte de los compañeros en la mina Lulú, disfrazada de "otro accidente", será definitiva para que la defensora de Derechos Humanos, Cristina Auerbach decidiera irse a vivir a la región carbonífera.
El 9 de septiembre del año 2009, en el pozo de Constructora Ferber, fallece Juan Ramón Flores Juárez. Otra vez un "cañón ciego sin salida de emergencia".
El dueño de la empresa Fernando Rivera, simplemente desaparece al cobijo de las autoridades estatales y federales.
Con el Centro PRO-DH volvimos al pozo meses después y estaba abierto y abandonado.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite la NOM-032-STPS-2008 con la que se pretendía que no volviera a suceder lo que había pasado en Pasta de Conchos. Sin embargo, es una norma muy buena, en la que participamos con nuestros menores ingenieros, pero no aplica para la minería precaria, ilegal y clandestina que se desarrolla en Coahuila. Con esta norma, lo único que sucedió es que aumentó el costo de las multas, pero no evitó las muertes en las minas porque simple y llanamente, lo que hicieron fue darle "legitimidad" a los pozos y cuevas, ya que, la misma STPS está obligada a inspeccionar sabiendo que este modelo tan precario no puede cumplir con la norma.
_JPG.jpg)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), responde con un Informe del Comité de Expertos a nuestro reclamo presentado en marzo de 2006.
En las recomendaciones, entre otras señala:
"Que exista una notificación y respuesta rápida a situaciones de emergencia en las minas (4)" ; Que se adopten nuevas tecnologías y equipos de seguridad en las minas de México" (6); "Que se diseñen albergues de refugio de emergencia en las minas subterráneas de carbón, tal y como se propone en otros países con mayor nivel de desarrollo" (9); "Que los equipos de rescate en las minas se encuentren en la proximidad de las mismas" (11); "Que el sector minero mejore sus métodos de ingeniería, seguridad y mantenimiento" (1); "Que exista una actualización continúa, por sistemas computarizados, de planos digitales de rescate de las minas" (10); "Que el Gobierno mejore los protocolos para el diseño y actualización de sus normas y sus estándares, que dé seguimiento y haga cumplir las normas de seguridad" (2). Para agosto de 2021, nada se ha cumplido.
Gabriela Inclán, siempre comprometida con la causa de las familias, retoma las claves de los mitos de Antígona y Edipo en la tradición occidental.
La autora hace una lectura política y feminista de las obras sofócleas, pero sobre todo una humanista. De hecho, la pieza fue concebida como denuncia ante las autoridades por su actuación en la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos (Coahuila, México) en febrero de 2006.
2009
Han pasado 4 años de la explosión en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos. El caminar por la justicia para las familias se vuelve cada vez más difícil porque durante todo el mandato de Felipe Calderon no hubo ninguna posibilidad de tener una interlocución, ni con la empresa, ni con el Estado mexicano.
Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, se vuelve en la misma proporción más complaciente con la empresa y cada vez más agresivo con las familias. Era realmente sorprendente ver a este funcionario haciendo campaña de desprestigio contra las familias y los/las defensoras de la Organización, a la par que mentía ante la OIT como pueden ver en las respuesta que enviaba y que están en el Tercer Informe.
En este año, fallecen 10 trabajadores y la STPS impone multas por $820,550.25 que, equivalen a $82,055.03 por trabajador, que no significa que las empresas pagaran las multas.
El 2 de marzo de 2006, días después de la tragedia, familiares acompañados/as por sindicatos amigos, interponen un Reclamo ante la OIT por violaciones a los Convenios 81, 85, 150, 155, 170, 174 y 176.
En marzo de 2009, se nos comunica el Informe del Director General que de manera firme señala: "Mientras que el Gobierno ha señalado que la aplicación de la legislación nacional relativa a seguridad y salud en el trabajo depende de una colaboración entre Gobierno, por una parte, y los empleadores y trabajadores por la otra, el Comité señala que la legislación nacional así como del artículo 4 del Convenio núm. 150 y del artículo 9, párrafo 1, del Convenio núm 155, se desprende que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos incumbe exclusivamente al Gobierno, que debe ejercerla, entro otros medios, a través de un sistema de inspección del trabajo de ámbito regional y local" (Numeral 76). Para leer el informe haga clic en el botón:
%2019_13_04.png)
En nuestro Tercer Informe: Pasta de Conchos: "El vacío en el Estado de Derecho y el Estado vació de de derecho", abundamos desde la perspectiva de Derechos Humanos, el caudal de violaciones a los mineros y sus familias.
Conforme pasaba el tiempo y más información teníamos, era claro que, la decisión de no hacer el Rescate era para proteger a la empresa, al sindicato y que el mismo Estado se protegiera de las consecuencias de lo que en la mina había sucedido y de lo que. les estaban haciendo a las familias.
Para leer el informe da clicl en el botón.
%2012_53_32.png)